El gobierno español aprueba un nuevo paquete de medidas de protección en materia de alquileres, hipotecas, consumo y derechos de los trabajadores

El Gobierno español ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2020, consistente en un nuevo paquete de medidas dirigido a apoyar a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos más vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera, que puedan disponer de unos ingresos mínimos y afrontar así el pago de sus gastos fijos.

Algunas de las principales medidas de este Real Decreto relacionadas con el ALQUILER DE VIVIENDA son:

  • La suspensión de desahucios y de los lanzamientos de la vivienda para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por un plazo máximo de seis meses, que comenzará a contar desde la reanudación de la actividad de los juzgados, una vez superada la crisis por el Covid-19.
  • Una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuyo vencimiento se produzca desde este momento hasta los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma. La prórroga deberá ser solicitada por el arrendatario y tendrá una extensión máxima de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor, salvo acuerdo de las partes.
  • Moratoria de la deuda por el pago de la renta para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica derivada del Covid-19.

El Real Decreto señala que esta moratoria puede ser un aplazamiento del pago del alquiler o incluso la condonación total o parcial de la deuda arrendaticia.

Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

Esta moratoria de la deuda arrendaticia será automática cuando el arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, esto es, cuando el arrendador disponga de 10 o más inmuebles.

Cuando el arrendador sea un pequeño propietario (cuando disponga de menos de 10 viviendas en propiedad), el mismo podrá aceptar del inquilino, voluntariamente, el aplazamiento del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma; pero si no lo aceptara, el inquilino podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación por parte de las entidades bancarias y que cuenta con total cobertura del Estado.

En este caso, las ayudas podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de la renta de alquiler, y el plazo de devolución será de seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro, y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante

  • Programa de Ayudas al alquiler en los alquileres de vivienda habitual. De forma adicional, se contempla también un programa de ayudas a los arrendatarios de viviendas habituales que no se recuperen de la situación de vulnerabilidad y no puedan hacer frente a la devolución del préstamo. Para estas personas, se prevén ayudas de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

Dado que las medidas vienen limitadas al hecho de constituir la vivienda habitual del arrendatario y a la necesidad de que el mismo se encuentre en una situación de vulnerabilidad, es necesario aclarar que vivienda habitual es aquella donde se tiene la residencia permanente y fiscal.

Otras medidas de este Real Decreto relacionadas con LA PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS son:

  • Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización al consumidor, el cual podrá recuperar el dinero pagados, cuando la prestación del servicio sea imposible (como por ejemplo entradas a espectáculo).

En el caso de contratos de prestación de servicios periódicos (como por ejemplo guarderías, gimnasios, academias, etc.) la empresa no podrá pasar al cobro nuevos recibos hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes.

  • Suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria (dentro de este tipo de préstamos podemos incluir los concertados para financiar la compra de un coche o un electrodoméstico) que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica por el COVID-19. Se podrá solicitar del acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma, la suspensión de sus obligaciones. La suspensión tendrá una duración de tres meses (ampliables mediante Acuerdo de Consejo de Ministros) y durante el periodo de vigencia de la suspensión el acreedor no podrá exigir el pago de la cuota y no se devengarán intereses, ni ordinarios, ni de demora.
  • Las empresas suministradoras de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua deberán garantizar el suministro a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, mientras esté en vigor el estado de alarma.

Otras medidas de ayuda de AMBITO SOCIAL contempladas en el Real Decreto son:

  • Se crea un nuevo subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de actividad y para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no tuviesen derecho a prestación.
  • Se habilita a la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos y se permite el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.
  • Los autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad Social de marzo por los días que hayan trabajado.
  • Moratoria de las deudas hipotecarias sobre inmuebles afectos a la actividad económica de autónomos, que se añade a las moratorias para deudas hipotecarias para la adquisición de vivienda habitual establecidas anteriormente.

¿Qué requisitos hay que cumplir para ser reconocido como PERSONA VULNERABLE POR EL COVID-19?

A los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta, de los siguientes requisitos:

  1. Que en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM, unos 1.645 euros/mes), que se podrá incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo o mayor de 65 años en la unidad familiar (0,15 si es unidad familiar monoparental). El límite subirá a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente.
  2. Que la renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  3. Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietaria de una vivienda o tenga en usufructo una vivienda en España.

CONCLUSIONES

La mayoría de medidas tomadas por el gobierno van dirigidas a personas vulnerables y viviendas habituales por lo que no resulta de aplicación para aquellas personas que tienen una segunda residencia en España, como viene a ser la mayoría de los clientes de IMONT.

Les informamos que el gobierno ha garantizado que no habrá cortes de suministros, pero esto no quiere decir que se puedan dejar de pagar los recibos correspondientes sin causa justificada.

En caso de que se dejen de pagar facturas, recibos o cuotas de préstamos de cualquier tipo sin estar incluido en algunos de los supuestos recogidos en este Real Decreto, habrá que tener en cuenta que las suministradoras y entidades bancarias podrán reclamárselo con el correspondiente interés de demora que tengan establecido.